I. Pacto Social por el Agua

El Pacto Social por el Agua es un instrumento de diálogo e interacción social para la generación de una visión compartida que buscará orientar y conducir las acciones del gobierno y de la sociedad en su conjunto a favor de una gestión sostenible del agua y la seguridad hídrica de largo plazo para México.

II. Exposición de objetivos

Los objetivos del Pacto Social por el Agua son:

  • Instalar el tema del agua al más alto nivel de prioridad en la agenda nacional y en los compromisos y acciones de todos los órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores sociales, productivos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
  • Articular alianzas estratégicas y acciones conjuntas para transformar el rumbo del sector hídrico mexicano y apoyar un proceso de reforma sectorial que logre establecer una nueva forma de administración y gestión del agua más democrática, justa, equitativa, inclusiva, funcional y corresponsable.
  • Habilitar un proceso de diálogo abierto, inclusivo y participativo para discutir principios éticos generales ―una Carta de Principios― que servirán para alimentar el diseño institucional del Programa Nacional Hídrico y la reformulación de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

III.   Carta de principios del Pacto social por el Agua en México: borrador para discusión

Documento para discusión y construcción del Pacto Social por el Agua

La sociedad mexicana se adscribirá de manera voluntaria, informada, corresponsable y comprometida a los siguientes principios generales del Pacto Social por el Agua:

  1. Implementación del derecho humano al agua y saneamiento para todos los mexicanos. Se garantizará el derecho humano al agua y saneamiento en sus distintas dimensiones de suficiencia, salubridad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Se desarrollarán los mecanismos de gobernanza cooperativa, financiamiento, subsidios enfocados, tarifas diferenciales e innovación tecnológica para atender a los sectores más desfavorecidos de la población.
  2. Se reforzará a la Comisión Nacional del Agua como la autoridad responsable de la administración y gestión de los recursos hídricos. Su actuación estará siempre normada por la Ley de Aguas Nacionales, orientada por el Programa Nacional Hídrico, retroalimentada por la participación social y vigilada a través de mecanismos robustos de auditoría social, libertad de información, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
  3. Reconocimiento y respeto al pluralismo, la diversidad social y la inclusión. Se reconocerán y reconciliarían la diversidad de valores, visiones e intereses de los diferentes usuarios del agua, incluyendo aquellos de los pueblos originarios y la visión de género. Se desarrollarán los arreglos institucionales necesarios para la resolución de conflictos y la generación de consensos sociales que garantizarán las condiciones de estabilidad política y paz social.
  4. Compromiso por la democracia, el federalismo y el estado de derecho. Se integrarán arreglos institucionales y políticas públicas que garanticen la práctica democrática, el federalismo cooperativo y el estado de derecho, creando las condiciones necesarias para la impartición de justicia hídrica y fortaleciendo la gobernabilidad del sector hídrico mexicano.
  5. Fortalecimiento y empoderamiento de la participación social. Se fomentará una auténtica gobernanza participativa y cooperativa a través del empoderamiento de los arreglos institucionales para la participación social ―los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares, las juntas rurales de agua y saneamiento, las juntas de gobierno de los organismos operadores y el Consejo Consultivo del Agua―; haciendo esfuerzos especiales para apoyar la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la población.
  6. Transversalidad y gestión integral de cuencas para la sustentabilidad ambiental de largo plazo. Se estrechará la coordinación interinstitucional para fomentar la transversalidad de la política hídrica en los demás sectores de la política pública. La administración y gestión de los recursos hídricos se harán a nivel de cuenca y centrándose en conservar la base natural que asegura la sustentabilidad de largo plazo del ciclo hidrológico. Se fomentará la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
  7. Resiliencia y seguridad hídrica frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, el cambio climático y los desastres naturales. La política hídrica desarrollará los arreglos institucionales, mecanismos de financiamiento e innovación tecnológica necesarios para fomentar la resiliencia frente al cambio climático y las presiones sobre el uso de los recursos hídricos. Se fortalecerán las capacidades institucionales para la atención de emergencias y desastres naturales.
  8. Fortalecimiento del régimen de adjudicación del agua para el logro de la seguridad hídrica. Se fortalecerán los procesos de monitoreo y evaluación de los recursos hídricos para conocer su condición de disponibilidad y como base para la planificación hídrica. Se transformará el sistema de concesiones a largo plazo para asegurar el derecho humano al agua y dotarlo de la flexibilidad adaptativa necesaria para enfrentar las tendencias del desarrollo regional y del cambio climático. Se fortalecerá el Registro Público de Derechos de Agua.
  9. Certeza jurídica en la utilización de los recursos hídricos. Todos los usuarios de las aguas nacionales tendrán el uso y goce de los recursos hídricos siempre que realicen sus actividades apegados a la Ley de Aguas Nacionales, adscribiéndose fielmente al régimen de adjudicación del agua y sus operaciones no pongan en riesgo la integridad de largo plazo del ciclo hidrológico.
  10. Servicios sustentables de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para las ciudades. En coordinación con los gobiernos estatales y municipales se harán esfuerzos por resolver las limitaciones estructurales de la gestión municipal de los servicios de agua y saneamiento. Se fomentarán mecanismos para la regulación de los servicios y para el desarrollo de capacidades de os organismos operadores. EN colaboración con los usuarios del sector industrial y agrícola, se fomentará también una visión de reúso, reciclamiento y aprovechamiento de las aguas residuales y sus subproductos.
  11. Implementación de un nuevo modelo de gestión sostenible del agua para el desarrollo agroalimentario y de generación de energía hidroeléctrica. Se fomentará una mayor inversión para la infraestructura de riego y de generación de energía hidroeléctrica, incluyendo su conservación y mantenimiento. Se buscará el uso sostenible de las aguas subterráneas y mayor productividad hídrica a través de innovación tecnológica y buenas prácticas. Se apoyarán los esfuerzos en materia de reúso e intercambio de aguas residuales, así como los de adaptación al cambio climático.
  12. Implementación de la austeridad y la eficiencia del gasto público a través de una correcta priorización y optimización de inversiones. La Conagua contará con los procesos y mecanismos de planificación para priorizar inversiones con base en criterios claros de utilidad social, seguridad hídrica, equidad y justicia ambiental. Asimismo, se optimizarán las inversiones fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la concurrencia de financiamiento entre órdenes de gobierno y la cooperación con el sector privado y la sociedad civil.
  13. Reforzar la rectoría del Estado para fomentar la participación del sector privado y social en el financiamiento del sector hídrico. La Conagua diseñará un moderno sistema financiero del agua que permita coordinar, optimizar, regular y facilitar el uso de diferentes fuentes de financiamiento privado y social, protegiendo el interés público, el estado de derecho y el logro de los objetivos de la política hídrica.

Borrador del pacto social por el agua

Humberto Armenta

Ingeniero Civil y empresario mexicano, fundador de Recsa.

Categoria: Obra Hidráulica
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