En la actualidad, la política del agua no es materia exclusiva de la acción de funcionarios públicos. Hoy en día la política del agua es resultado de la acción conjunta del Congreso de la Unión, para la formulación de leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; del Poder Ejecutivo Federal, para la administración del agua mediante el otorgamiento de concesiones; de las Asociaciones de usuarios agrícolas, en el suministro del servicio de riego; de la opinión de profesionales, para normas técnicas y consultas especializadas; de las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial; y de la acción en el campo, es decir, de la promoción con legisladores y de la postura de la sociedad en foros ciudadanos.
Como podemos observar, para evaluar la eficiencia y eficacia en la organización del sector agua, es importante definir si, en términos estrictos, no se trata de un sector organizado políticamente, sino de un conglomerado de sectores, subsectores y distintos organismos que concurren para ayudar en la solución de un problema común desde perspectivas y responsabilidades diversas.
Analizando este contexto, la mejor solución, sin duda, es contar con varios órganos y cada uno con atribución exclusiva sobre un aspecto sobresaliente del sector agua, todo bajo la dirección y control de una sola entidad o dependencia. En este sentido, los requisitos para administrar, gobernar o gestionar el agua, incluyendo su asignación, uso y custodia, son que México posea:
- Una autoridad única del agua al más alto nivel neutro
- Una ley moderna de los recursos hídricos, que incluya todos los avances del conocimiento, así como la participación de la comunidad, de los políticos y de los técnicos
- Capital humano idóneo y suficiente
- Recursos financieros funcionales y apropiados
- Información confiable, de libre circulación y transparente
Estas cinco condiciones de gobernabilidad son las que deben garantizar que el país cuente con los elementos suficientes para que se desarrolle. En este sentido, la gobernanza del agua debe abordar la capacidad para diseñar políticas públicas que sean socialmente aceptadas, así como para lograr que su instrumentación se lleve a cabo de manera efectiva por los diferentes actores y grupos de interés involucrados. De esta manera, la gobernanza del agua es un prerrequisito para que la sociedad establezca la infraestructura física y el aparato institucional, y para el tema aún más amplio de la selección social, el cual requiere definir quiénes son los grupos de interés, la comunicación entre ellos, la distribución de competencias y la creación de organizaciones.
