El agua, esencial para la vida, es un insumo natural transversal que toca todas las actividades humanas. Con el paso del tiempo, nos hemos enfrentado a una disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles, junto con una creciente tendencia a inundaciones y sequías provocadas por el cambio climático. Por lo anterior, resulta urgente mejorar su administración, para satisfacer las necesidades básicas de la población y de las actividades económicas en el presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
El agua rara vez se encuentra en el lugar adecuado, con la calidad requerida y en el tiempo preciso en el que se le necesita. Para garantizar la seguridad hídrica, capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, casi siempre es indispensable la infraestructura hidráulica. La construcción de obras permite captar, almacenar, conducir, purificar, distribuir y medir el agua, así como recolectarla, depurar y regresar a algún cuerpo receptor.
La desafiante perspectiva de la seguridad hídrica nos obliga a gestionar mejor los riesgos asociados con el agua. Además de disponibilidad en volumen, resulta de gran preponderancia que la calidad sea apropiada para el uso que se le pretende dar. En México, 76% del agua se utiliza en la agricultura; 14% en el abastecimiento público; 5% en las termoeléctricas y 5% en la industria, según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Dado que el sector agropecuario es el que más extrae agua, la optimización de su uso, puede incrementar la producción agrícola de manera considerable. Esa es la clave para mejorar la seguridad alimentaria y disminuir la pobreza, especialmente en zonas rurales que albergan a 21.4% de los mexicanos, los cuales suelen presentar problemas de desnutrición y, al mismo tiempo, de obesidad.
En las zonas centro y norte del país se dispone de 33% de los recursos hídricos; su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es de 83%, y ahí habita 77% de la población. En contraste, en las zonas sur y sureste se presenta 67% del escurrimiento nacional, las habita 23% de la población y contribuyen sólo con 17% del Producto Interno Bruto, según datos de la Conagua.
México ocupa el lugar 24 de 164 países en mayor estrés hídrico, en el listado elaborado por el World Resources Institute. La sequía que azota a diversas entidades de nuestro país levanta una alerta, que obliga a priorizar esta problemática en la agenda nacional. “Sabemos que en el tema del agua, todos somos corresponsables, y desde nuestra trinchera detonamos soluciones con propuestas que permitan revertir el problema de estrés hídrico que sufre el país, contribuyendo a la construcción de una política pública para su uso adecuado y para garantizar el acceso a cada uno de los mexicanos”, mencionó Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, al hacer un llamado a las autoridades, para que consideren la crisis del agua como un tema de seguridad nacional, durante la sesión “Diálogos por el Agua: un país con seguridad hídrica”.
La manera en que se administra el agua es el principal reto para conservar el medio ambiente, la biodiversidad y para proteger a las personas. En la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, primera reunión de su categoría en 50 años, António Guterres, Secretario General de la ONU, se refirió al agua como “el bien común que nos une a todos”. Resaltó que el agua debe ocupar un lugar central en la agenda política mundial, al estar intrínsecamente ligada al desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, los sistemas alimentarios, la creación de empleos y los derechos humanos.
La solución es tarea de todos, debemos educar y concientizar sobre el uso responsable del agua, impulsar políticas de gestión hídrica, así como, la construcción y modernización de soluciones que implementen tecnología de punta. Aunado a las inversiones para nuevas infraestructuras, es necesario realizar estudios; capacitar al personal técnico de los sectores público y privado; coordinación de las autoridades del agua y la agricultura; abordar problemas sociales y ambientales, además de atender el mantenimiento rezagado de la infraestructura existente.
Presidente del Consejo de Administración de RECSA