En el comienzo de cada administración pública federal, el presupuesto suele estar restringido. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), al igual que muchas dependencias y entidades públicas, tiene un presupuesto menor de lo que solía tener. No obstante, ha hecho propia la visión de la Cuarta Transformación redefiniendo su relación con prestadores de servicios, empresas constructoras, universidades, centros de investigación e incluso asociaciones gremiales y consultores para tomar un nuevo papel en el ejercicio de la política hídrica.
El rango de maniobra que tenía la Conagua para la gestión política basado en su poder presupuestal, y que se ejercía otorgando contratos de estudios, obras, adquisiciones, apoyos y subsidios, la colocaba en posición de liderazgo sectorial. El dinero que le daba ese poder presupuestal está ahora concentrado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Bienestar a través de los superdelegados y los nueve programas insignes del obradorismo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Tandas para el Bienestar, Desarrollo Urbano y Vivienda y el Programa Nacional de Reconstrucción, ninguno de los cuales utiliza intermediarios.
La vieja práctica de organizaciones civiles y líderes sociales que se dedicaban a “bajar” recursos de los programas presupuestales de dependiencias funcionales federales en teoría facilitando la dispersión de los recursos, fue cancelada. Lo anterior se debe al temor fundado de que esos apoyos públicos no llegaban a su propósito o si lo hacían, llegaban muy disminuidos.
Esta reingeniería del país ha sido aprovechada por la Conagua para concentrarse en fortalecer el papel normativo de la administración de las aguas nacionales y de sus usos, sin la necesidad de promover enfáticamente la construcción de la infraestructura hidráulica. En particular, la reingeniería base cero del país le ha permitido a la Conagua reflexionar acerca de un nuevo marco jurídico del agua, también desde sus fundamentos. Por ello ha convocado a foros especializados, en donde las personas más capacitadas, los representantes de los usuarios y múltiples voces de la sociedad civil sin intereses económicos con la Conagua aportan sus conocimientos y exponen sus puntos de vista, sus experiencias y comparten los resultados del derecho comparado para normar en México el derecho humano al agua, la asignación y el control de las aguas nacionales, así como la prestación de los servicios públicos domiciliarios de riego agrícola y de agua potable y saneamiento.
Es de esperarse que estos foros, denominados Disertaciones sobre el Derecho Humano al Agua para la Construcción de una Ley General Incluyente abreven de la consulta más amplia que se lleva a cabo con el impulso de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, de manera que se conjunten esfuerzos y se pueda proponer una legislación hídrica progresiva, entendible por la sociedad, aplicable a las condiciones nacionales y justa. La Conagua está aportando la parte fina del proceso legislativo, cuidando los aspectos constitucionales, y la Cámara de Diputados convoca a toda la sociedad en su conjunto. De esta manera, la iniciativa resultante deberá ser un nuevo marco jurídico con normas de vanguardia, avaladas por la sociedad.
En cuanto a la participación del capital privado en la gestión hídrica y la infraestructura hirdáulica se refiere, es insostenible en cualquier debate serio, que se niegue su necesidad. Los promotores de esta participación deberán con franqueza y verdadera intención llevar por delante la bandera del desarrollo social en las fórmulas que se propongan para lograr los rendimientos buscados.
Es de saludarse este esfuerzo que realiza la Conagua para adaptarse a las intenciones de la Cuarta Transformación.
