En los inicios de la Comisión Nacional del Agua, en 1989, se consideró desarrollar una estrategia para lograr su autonomía financiera mediante un “Sistema Financiero del Agua”; sin embargo, nunca ha tenido en funcionamiento todos sus elementos concebidos.
Debido a esto, el país requiere que CONAGUA sea capaz de ensamblar un conjunto coherente de programas, fondos y apoyos para mantener en
funcionamiento la infraestructura hidráulica y reducir el rezago en la provisión de los servicios públicos de agua.
Una manera de hacerlo efectivo sería promover una modificación a la Ley Federal de Derechos con objeto de que se otorgue destino específico a una parte de los derechos recaudados por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes inherentes a la Comisión Nacional del Agua, con el fin de reforzar, en general, las acciones de gobierno y administración de las aguas nacionales con los recursos recaudados por dicha comisión.
Cabe resaltar que la mayor parte del presupuesto que ejerce CONAGUA se utiliza en obras y programas para agua potable y alcantarillado, así como de infraestructura hidroagrícola; por lo que sólo una pequeña porción se emplea en actos de gobierno tendientes a administrar y preservar las aguas nacionales.
Este hecho significa que las tareas de observación, supervisión, inspección, control y vigilancia de las aguas nacionales, así como las de hacer cumplir la ley, carecen del personal y de los recursos económicos necesarios para realizarlas cabalmente. Aunado a ello, ha decrecido en forma constante el capital humano y financiero para llevar a cabo la planeación hídrica, seguimiento, evaluación y control de programas presupuestarios.
En este contexto, es conveniente una intervención para que se dé destino específico a una parte de los derechos recaudados por CONAGUA, con el objetivo de reforzar las acciones de gobierno y administración del agua y, en particular, para lograr el establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión del Agua que coordine las políticas públicas del agua y las acciones de los distintos órdenes de gobierno en materia de agua.
Además, permitiría la modernización de redes de medición de cantidad y calidad del agua, estableciendo un sistema de evaluación y control de los diversos fondos y programas de agua potable, tratamiento de aguas residuales, riego y fortalecimiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento.
En resumen, la mayor parte de los derechos recaudados por agua se deben a la explotación, uso o aprovechamiento, y existe una diferencia entre los volúmenes concesionados y los declarados por los usuarios de las aguas nacionales para el pago de derechos. Aunque esa diferencia no necesariamente significa que todos los años se use la totalidad del volumen concesionado y asignado, sí es necesario reforzar las actividades de medición y vigilancia de la extracción de las aguas nacionales, ya que se aprecia que existe un potencial recaudatorio adicional por derechos, si se incrementa la medición, verificación y auditoría.
