En otros posts de este blog, he hecho hincapié en cómo el estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, pero también para favorecer las actividades económicas.
Sin embargo, la problemática del actual modelo de administración del agua se puede expresar en cuatro puntos principales:
- Antigüedad del problema. A 101 años de tener aguas nacionales, a 35 años de la reforma constitucional al artículo 115 que asignó a los municipios la responsabilidad de prestar el servicio público domiciliario de agua potable y alcantarillado sanitario; puede decirse que la principal fuente de información acerca del volumen de agua extraída es la autodeclaración de los contribuyentes de las aguas nacionales, es decir, la autoridad carece de medios veraces de verificación.
- Falta de regulación. Es necesaria una regulación que abarque múltiples sectores de manera integrada, y de un ente regulador que tenga autoridad para verificar y autorizar la prestación de los servicios de riego, de agua potable, de alcantarillado sanitario, de tratamiento de aguas residuales y de drenaje pluvial.
- Presupuesto público. La carencia de un presupuesto que sea suficiente, e incluso la ausencia de inversiones privadas, si fuese el caso. A manera de ejemplo, si la federación omitiese sus programas presupuestarios relacionados con el agua potable, y el financiamiento que implican, los municipios no podrían lograr por sí mismos las metas establecidas para toda la nación, debido a la insuficiencia de su recaudación en general y de los derechos por la prestación del servicio de agua potable en particular.
- Visión a largo plazo. Actualmente existe una incompatibilidad de una visión con un horizonte de planeación trienal o sexenal. Por tanto, las instituciones y los servidores públicos sólo tienen obligación de rendir cuentas del ejercicio presupuestal del año anterior y, por ello, un horizonte de mayor alcance tiene sólo un ángulo retórico que se expresa en informes que no tienen la fuerza de documentos como la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal.
En consecuencia, para administrar las aguas nacionales y proveer los servicios públicos domiciliarios de agua se requiere integrar la toma de decisiones políticas en todo el ámbito nacional.
Por tanto, es necesario sentar las bases de un pensamiento diferente: si el modelo de administración del agua es deficiente, entonces es necesario cambiarlo por otro o al menos reforzarlo con la introducción de competencias estatales y municipales, de tal manera que en efecto el estado sea el responsable de garantizar a toda persona el acceso al agua, sin distingos de ninguna naturaleza.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en el diseño estructural de los entes prestadores de los servicios de agua es el relativo a la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas. En la actualidad, las instituciones encargadas de administrar y proveer los servicios de agua carecen del personal adecuado, de las instalaciones y del mandato para realizar investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, los servicios de agua no pueden prescindir de los avances tecnológicos porque son la única vía para reducir los costos de inversión, mantenimiento y operación.
A manera de conclusión, resulta claro que la redistribución de competencias tendrá costos en los órdenes de gobierno que hoy en día no tienen atribuciones para la prestación de los servicios de agua. Pero la inacción no sólo llevará a perpetuar las carencias actuales sino a poner en riesgo las condiciones de vida de la sociedad, la estabilidad económica y la salud pública. Y, ante un entorno económico desfavorable o al menos incierto; servidores públicos desacreditados, y una ciudadanía enardecida, resulta prudente disipar las tensiones sociales incubadas en el más importante de todos los servicios públicos: el agua.
