De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en seis años México pasó de ser la quinta economía de América Latina que menos inversión pública destina a infraestructura, a ocupar el cuarto lugar sólo detrás de Haití, Brasil y Guatemala. Asimismo, los objetivos que se tenían en mente en materia ambiental para avanzar en la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, han tenido unos efectos brutales por la pandemia de Covid – 19; tomando en cuenta que el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son causadas por la construcción y operación de infraestructura.
Sin embargo, la continuidad de operaciones en el sector de la infraestructura ha sido fundamental en cualquier país para mantener la operación de necesidades críticas para la población como lo son los servicios de agua, electricidad y transporte, por mencionar algunos.
Es por ello que es primordial que desde ahora comencemos a tomar las decisiones necesarias sobre qué tipo de infraestructura buscamos seguir construyendo, de modo que vaya siempre encaminada a resolver y contribuir a la disminución de la crisis climática.
Para dar solución a esto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propone una metodología interesante para la implementación de una infraestructura sostenible que busca garantizar que un proyecto sea sostenible durante todo su ciclo de vida, desde la etapa inicial de planificación, la construcción y el mantenimiento del activo de infraestructura, hasta que se desmantele o se ponga en uso alternativo.
Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la forma en que los proyectos se eligen y diseñan, lo que puede depender del buen funcionamiento de las leyes y regulaciones gubernamentales de cada país.
El marco propone una metodología a través de la cual se pueda determinar la sostenibilidad de un proyecto por medio de cuatro pilares clave:
- Financiero y económico.
- Social.
- Ambiente y cambio climático.
- Institucional.
En conclusión, a través de la implementación de este tipo de infraestructura, se busca que tanto el sector público como el privado, apoyen la planificación, el diseño y el financiamiento de una infraestructura que sea económica, financiera, social, ambiental e institucionalmente sostenible en beneficio de la lucha contra el cambio climático y la aceleración a la transición hacia un crecimiento de economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima en América Latina y el Caribe.
